sábado, 24 de septiembre de 2016

Un caso revelador

Resulta que en el equipo hay camarillas

El caso del suspendido titular de la Aduana está atravesado por varias disputas que también involucran a Patricia Bullrich, Daniel Angelici y la Agencia Federal de Inteligencia. El papel de Mauricio Macri y Elisa Carrió.

Por Werner Pertot para Página 12, 18.09.2016

Mauricio Macri, Gómez Centurión, Elisa Carrió, Silvia Majdalani, Daniel Angelici y Patricia Bullrich.

La caída de Juan José Gómez Centurión dejó expuestas una serie de internas del gabinete. De él con Daniel “El Tano” Angelici. Con la AFI. Con Patricia Bullrich. No obstante, el presidente Mauricio Macri no le retiró el apoyo y hasta se fotografió con él. Y consiguió el respaldo nada menos que de Elisa Carrió. No obstante, si el macrismo tiene previsto cumplir su promesa de no reincorporar al ex director de la Aduana hasta que se lo sobresea en la causa judicial, entonces todo indica que le espera un largo tiempo fuera de la gestión. En Tribunales dicen que cada vez se estrecha más su vinculación con el empresario paraguayo Carlos Oldemar Barreiro Laborda. En el Gobierno le habían advertido que se mantuviera bien lejos de esa persona.

Gómez Centurión fue eyectado del Gobierno con velocidad Warp luego de que la ministra de Seguridad recibiera un anónimo y una serie de audios en los que se lo acusaba de participar de hechos de corrupción. Bullrich le llevó la denuncia a Macri, quien ordenó desplazarlo temiendo la repercusión pública que podía tener el caso. La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien comenzó a investigar su relación con Barreiro Laborda, a quien también incriminaban los audios.

Se trata de un empresario paraguayo que fue acusado por una presunta estafa contra el Banco de Boston por la bicoca de 60 millones de dólares. En 1977 fue detenido por la Federal cuando lo encontraron in fraganti llevándose chatarra del río sin autorización. En 1986, fue procesado como presunto integrante de una banda que robó a mano armada 45 autos de alta gama. Fue también investigado por el vaciamiento de una firma consignataria de hacienda en Mataderos.

A mediados de los noventa buscó la amistad del entonces presidente Carlos Menem y se asoció con la Federal en la firma Lo Jack.

En el Gobierno señalan que cuando aparecieron los primeros datos de un vínculo entre este empresario y Gómez Centurión, se le advirtió que cortara esa relación. No hizo caso. Hoy, en la causa judicial, se investiga su vinculación. Las primeras medidas de investigación lo pegan cada vez más: los entrecruzamientos telefónicos que ordenó Lijo muestran comunicaciones fluidas entre Barreiro Laborda, el jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza, Gustavo Mariscurrena, y el director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires, Edgardo Paolucci, quien fue separado del cargo junto con Gómez Centurión cuando se conocieron los audios.

En Tribunales indican que esas comunicaciones complican a Gómez Centurión y más si Barreiro Laborda hablaba en nombre de él. El ex director de la Aduana sostiene que el empresario funcionaba como su “informante”. “Un funcionario no tiene que armar investigaciones paralelas. A lo sumo, tendría que haber denunciado en el Poder Judicial lo que sabía”, indican en Comodoro Py. “La corrupción no es sólo económica. El uso de los recursos del Estado es corrupción”, advierte una fuente con acceso al expediente.

Viaje de ida

En el Gobierno, lo que menos convence son las explicaciones de Gómez Centurión para esa relación con Barreiro Laborda. “Si no aclara bien eso, no va a volver”, indica a este diario un ministro que no formó parte de las múltiples querellas del ex militar vinculado a los carapintadas.

La última fue la disputa por el hallazgo de la efedrina con Patricia Bullrich. Si bien ninguno salió bien parado, la sensación en el Gabinete es que su intervención no lo ayudó. Si se imaginaba que con esa denuncia iba a poder forzar su retorno, los funcionarios –ocupados en la organización del mini Davos– señalaron que no movió el amperímetro.

Por el contrario, Gómez Centurión sigue sumando (o haciendo estallar en público) querellas con funcionarios. Un rápido repaso:

- La pseudoefedrina: El ex director de la Aduana se presentó ante la jueza María Romilda Servini de Cubría para denunciar la existencia de 250 kilos de pseudoefedrina en un galpón de la Aduana. Bullrich lo cruzó y dijo que él sabía de ese cargamento porque se lo había informado la Policía de Seguridad Aeroportuaria y no hizo nada. Incluso, había aparecido la publicación en el Boletín Oficial. Tras la discusión a través de los medios, esta semana se conoció que pasaron sin trabas 885 kilos de pseudoefedrina: cuatro cargamentos antes y después del que se disputó Gómez Centurión con Bullrich. Una versión corría en estos días por el gabinete: el ex director de la Aduana había sido considerado para reemplazar a la ministra de Seguridad.

- La AFI: Desde el principio, quedaron involucrados los servicios de inteligencia a raíz de cómo aparecieron las escuchas. Barreiro Laborda le apuntó a la número dos de la AFI Silvia Majdalani, quien responde a Angelici. Gómez Centurión mencionó la posibilidad de que hubiera intervenido el ex espía Antonio Stiuso a raíz de los negocios aduaneros que denunció el Gobierno anterior y que el director de la Aduana le habría cortado. “De ninguna manera fue la AFI”, debió salir a contestar Majdalani. En el Gobierno consideran que los seguimientos y escuchas a Gómez Centurión fueron hechos por privados. “Cualquiera de los afectados paga 5 mil pesos y consigue eso en forma privada”, indicaban en Casa Rosada.

- El factor Lilita: en medio del conflicto, hizo su entrada Carrió, convencida de que Angelici había tenido que ver con que lo echaran a Gómez Centurión. Se sacó una foto con Gómez Centurión, dijo que era una persona honesta, habló en su favor en una comida con el Presidente y hasta consiguió que Macri la emulara y lo recibiera en la quinta de Olivos. Carrió incluso hizo una presentación en la que acusó por el desplazamiento de Gómez Centurión a Stiuso y a Angelici. En ese escrito, indicó una serie de empresas y personas como responsables de cometer delitos tributarios por millones de dólares e indicó que se debía investigar si a Gómez Centurión lo espió la AFI o una consultora privada.

- Los pollos hermanos: La última batalla de esta historia la inició Gómez Centurión contra el abogado Maximiliano Rusconi, que representa a Miguel Paolantonio y Raúl Paolantonio. Los dos hermanos fueron denunciados por Gómez Centurión por presunto contrabando en el fuero penal económico y Rusconi, a su vez, lo denunció al ex director de la Aduana por haber usado supuestamente métodos ilegales para obtener información. La causa iniciada por esa denuncia está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. En el Gobierno hay quien asocia a Rusconi a un sector de los servicios de inteligencia. Nadie se anima a decir “Stiuso”. En tanto, Gómez Centurión tiene previsto denunciarlo como el autor del anónimo que le costó el cargo. Sostiene que la denuncia penal contra él de Rusconi fue presentada con minutos de diferencia del anónimo y que ambas son de un estilo similar.

lunes, 5 de septiembre de 2016

Conexiones entre cotrabando e inteligencia

Una guerra de espías que desafía al Gobiernoor 
Por Carlos Pagni, La Nación 5/9/16

Antes de su llegada al poder, sobre Cambiemos pesaban dos prejuicios. Una opinión mayoritaria sostenía que, con el peronismo enfrente, no podría resolver la endemoniada agenda económica que dejó Cristina Kirchner. Al mismo tiempo se suponía que, en cambio, garantizaba la reparación institucional que sus votantes reclamaron en las urnas.

Al cabo de ocho meses, la realidad obliga a reajustar esos pronósticos. El Gobierno logró liberar el mercado cambiario sin contratiempos, sacó al país del default, supervisó negociaciones salariales libres sin grandes conflictos sindicales a pesar de la inflación y está logrando la desaceleración de los precios.

Es cierto que se empantanó con la reducción de los subsidios al gas. Pero es muy difícil discernir en qué medida ese contratiempo se debió a dificultades objetivas o a la propia mala praxis. Sobre la plataforma de estos éxitos, Alfonso Prat-Gay acaba de reclamar, en una entrevista con LA NACION, el beneficio de la duda: ¿por qué rechazar la posibilidad de que, hacia fin de año, el país salga de la recesión?

Si se observa el panorama institucional, lo que se pensaba inevitable todavía no se realizó. Al contrario, Macri enfrenta una crisis en áreas que pedían una renovación.

La guerra de facciones que se libra en el aparato de inteligencia acaba de estallar, revelando lo que se preveía: una irresponsable falta de control. Esa tormenta desnudó la persistencia de uno de los peores vicios con que el kirchnerismo agravió a la democracia: la manipulación de la Justicia a través del espionaje. Mientras tanto, el sistema de seguridad sigue bajo el mando de quienes lo conducían en la gestión anterior, lo que garantiza prestaciones de la misma calidad.

Cuando presentó a su gabinete en el Jardín Botánico, Macri se comprometió a que, bajo su mando, la Agencia Federal de Inteligencia "no estaría para espiar a los ciudadanos, como sucedió hasta ahora". Frente a esa promesa, sólo viene ofreciendo un llamativo fracaso. Elisa Carrió, cofundadora de la coalición gobernante, presentó el lunes pasado un proyecto de ley para eliminar esa agencia. Cuatro días después, Carrió pidió al juez Ariel Lijo que investigue si Juan José Gómez Centurión fue víctima de seguimientos y escuchas clandestinas por parte de la AFI.

Gómez Centurión es el director de la Aduana suspendido por una denuncia anónima, basada en una grabación editada. La solicitud de Carrió se basó en una nota publicadas en Clarín por Claudio Savoia. El periodista denunció la existencia de dos bases secretas de la ex SIDE, una en Libertador y Newbery y otra en el viejo edificio del diario La Prensa, desde las cuales se realizarían operaciones de espionaje. Savoia documentó esa denuncia con registros de la persecución a Gómez Centurión. Y consignó, citando fuentes de la AFI, que esos operativos estaban a cargo del jefe de contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, quien obedeció órdenes de la segunda de esa agencia, Silvia Majdalani. Una pregunta clave: si esa información es verdadera, ¿a quién se le rendía cuenta de los gastos? ¿Y a quién reportaban las novedades? ¿Llegaban hasta Macri? Esto abriría otro ángulo para entender la salida de Gómez Centurión.

Majdalani y su jefe, Gustavo Arribas, un amigo de Macri dedicado a la compraventa de futbolistas, rechazaron las imputaciones y pidieron al fiscal Carlos Stornelli que las investigue. Sin embargo, pesa sobre ellos otra relación sospechosa entre la AFI y la denuncia contra Gómez Centurión. Días antes de que se conocieran las grabaciones que justificaron su suspensión, Centurión recibió una llamada de un colaborador de Majdalani, el fiscal Eduardo Miragaya, pidiendo que fuera repuesto al frente de la delegación Ezeiza de la Aduana un funcionario sospechado de proteger el contrabando. Cuando lo acusaron, Centurión estaba investigando a una red de importadores vinculados a espías jubilados, encabezados por Antonio Stiuso. Majdalani tiene una estrechísima relación con Francisco Larcher. Fue el jefe de la ex SIDE durante el kirchnerismo, y estuvo tan ligado a Stiuso que antes de pedirle la renuncia prefirió dejar el cargo.

Además de protagonizar este escándalo, Miragaya provocó algunos papelones. Fue, por ejemplo, el responsable de negociar con Lázaro Báez para que denunciara a Cristina Kirchner. Para facilitar ese propósito, dos abogados amigos de Miragaya, Claudia Balbín y Santiago Viola, patrocinaron a Leandro Báez, uno de los hijos del constructor y testaferro. Una versión insistente, pero no confirmada, sostiene que para respaldar la transacción, Leandro Báez fue llevado al edificio central de la AFI. ¿El fiscal Guillermo Marijuan estaba al tanto de estas tratativas?

Su colega, Miragaya, es experto en chascos. Tampoco consiguió corroborar que, como había afirmado Báez, el juez Sebastián Casanello visitó Olivos para pactar con la señora de Kirchner. A Miragaya se le atribuye también haber acordado con Ibar Pérez Corradi una acusación contra el radical Ernesto Sanz. El intermediario habría sido un subordinado de Miragaya, el comisario Carlos Sidras, quien tiene una vieja relación con el abogado del narco, Carlos Broitman. La interpretación más difundida es que el ataque a Sanz fue promovido por Majdalani, por temor a que el radicalismo quisiera desplazarla.

El que quiere ahora remover a Majdalani es Arribas, envuelto en un bochorno. Pero el bróker de jugadores choca con otro amigo de Macri, Nicolás Caputo. Es el padrino de Majdalani. Caputo también hizo designar a la hija de la funcionaria, Agustina Olivero, al frente de la Corporación Puerto Madero. Por ahora Arribas se conforma con obligar a Majdalani a deshacerse de sus subordinados inmediatos. Miragaya, que estaba al frente de la Dirección de Delitos Económicos, fue enviado a la sección Archivos. En su lugar quedó Fernando Di Pasquale. En Seguridad designaron a Gastón Guildi. Sidras, que estaba al frente de lucha contra el narcotráfico, fue desplazado. A su colega Edgardo Aoun lo destacaron en Avanzada Presidencial, una unidad para prevenir contratiempos en los desplazamientos de Macri. Y el coronel Raúl Bertoia, que estaba a cargo de las relaciones exteriores, volvió a su casa.

Arribas, que según Macri "es vivísimo", debe haber calculado que con estos relevos se exponía a filtraciones. No debería sorprender, por ejemplo, que trascendieran más mensajes del fiscal Marijuan, que prestarían beneficios involuntarios a su antigua jefa y actual imputada, la señora de Kirchner. Marijuan está en un trance circular. Quedó a cargo de la denuncia de Carrió sobre unas escuchas ilegales de las que él también pudo ser víctima. A la vez, acusó por la grabación de su voz que ya se conoció a Alan Bogado, el espía al que Alberto Nisman denunció por traficar información sobre la AMIA con Irán. Bogado declaró ser un agente de Stiuso en la Aduana. Un tema que debe investigar Marijuan, a cargo de la denuncia contra Gómez Centurión. Esta fatigosa enumeración de nombres y de casos conduce a una conclusión inevitable: la emancipación de las mafias requiere de una estrategia y de una voluntad política que todavía no han aparecido. Lógico: es más fácil derrotar a la inflación.

Macri tampoco logra alcanzar otro objetivo: reemplazar a Gils Carbó. La disputa se ha reabierto. Algunos amigos abogados recomendaron a Macri eliminar de la ley del Ministerio Público la necesidad de conseguir dos tercios del Senado, para poder desplazarla por decreto. Pero el Presidente se lamenta: "Esa bala la gasté con las designaciones en la Corte".

En carrera

Macri depende, como en todo, del PJ. En los próximos días Graciela Camaño, del Frente Renovador, quedará al frente de una comisión bicameral de control de la Procuración. Camaño, a quien Federico Pinedo describe como una serial killer, deberá tratar una primera irregularidad: el Colegio de Abogados denunció a Gils Carbó por haber seleccionado sin control alguno a los jurados de una veintena de concursos para designar fiscales. La nueva bicameral será un tribunal oficioso, cuyo objetivo es lograr la renuncia de la procuradora. La carrera por el reemplazo está lanzada. Entre los competidores figura el vapuleado Marijuan, avalado por el empresario Gabriel Hochbaum, antiguo amigo de Julio De Vido. ¿Las filtraciones tendrán que ver con este sueño?

La avanzada contra Gils Carbó es parte de un enfrentamiento más amplio con la asociación kirchnerista Justicia Legítima. La semana pasada, varios integrantes de esa liga se quejaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la falta de garantías en el país. Entre los denunciantes estuvo la camarista de Casación Ana María Figueroa. Gracias a su excursión, sus colegas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky pudieron confirmar a la Sala II de la Cámara Federal, que integran Cattani, Irurzun y Farah, en la causa por el dólar futuro, donde está procesada Cristina Kirchner. Figueroa, que cajoneaba la recusación, no debería haber viajado. Un error no buscado. Como el que cometieron los camporistas Vilma Castillo y Juan Forlón al admitir que el nuevo auditor general de la Nación, Oscar Lamberto, designe como asesor al hijo de Germán Moldes. Es el fiscal general que pidió para la ex presidenta la condena por traición a la patria.

Las defecciones y fragilidades del Gobierno en el frente judicial preocupan a muchos dirigentes de Cambiemos. Un ejemplo notorio ha sido el del procurador del Tesoro, Carlos Balbín: se negó a firmar las presentaciones ante la Corte por el caso de las tarifas, acaso el más importante que le toque defender durante toda su gestión. Macri registra la alarma de esos seguidores y, como siempre, les pide que "armen una mesa". Va quedando cada vez más claro un rasgo principal de su liderazgo: promover la deliberación permanente, para reservarse la capacidad de decisión. Con ese método la Casa Rosada se va transformando en una mueblería. Para la mesa judicial el Presidente puso una condición: que además de Garavano, Rodríguez Simón, Torello y Clusellas haya lugar para el binguero Daniel Angelici. Un control de calidad.

Mientras tanto, el diseño judicial promete modificarse con prescindencia del Gobierno. El Colegio de Abogados porteño reclamó que la integración que el kirchnerismo impuso al Consejo de la Magistratura sea declarada inconstitucional. El 19 de noviembre, los camaristas contencioso-administrativos López Castiñeira y Márquez se lo concedieron. Antes de marcharse, Cristina Kirchner pidió recurrir a la Corte. Y lo logró. El máximo tribunal debe resolver la nueva composición del Consejo. La decisión cobija un detalle importantísimo: si confirmara la inconstitucionalidad, se volvería a la formación originaria. El presidente del Consejo sería, entonces, el presidente de la Corte. Ricardo Lorenzetti duplicaría su poder. Un detalle que no contempló Macri. Acaso tampoco Lorenzetti.

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Echegaray, Stiuso  y los oscuros vínculos con el contrabando
Clarín, p. 14, 5/9/16. Por Matías Longoni

Hay personajes y firmas que relacionan al ex jefe de la AFIP y al ex SIDE. Los investigaba Gómez Centurión.

En el negocio del contrabando, contra el que la emprendió el removido jefe aduanero Juan José Gómez Centurión, algunos nombres se repiten de modo sugerente y conducen casi siempre hacia dos personajes clave del gobierno kirchnerista: el hombre fuerte de la vieja SIDE, Jaime Stiuso, y el ex titular de la AFIP y Aduana, Ricardo Echegaray. Esta acumulación de vínculos sin explicar fue la que llevó a Lilita Carrió a denunciar una supuesta conspiración para detener la ofensiva del ex militar.

Un personaje que podría explicar buena parte de esta trama lamentablemente falleció hace pocos meses de causas naturales. Se trataba del histórico aduanero Damián Sierra, de larga relación tanto con Echegaray -quien lo mantuvo siempre en altos cargos dentro de “la Casa”- como con Stiuso, a quien trasladó fuera del país en 2015, luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Sierra, además, convivía hace años con Silvina Tirabassi, otra aduanera muy cercana a Echegaray. Otros aduaneros claves en esta historia han sido Daniel Santanna y Eduardo Bernardi, el ex titular de la regional Buenos Aires al que le hallaron 500.000 dólares no declarados en un allanamiento a su casa.

Según varios testimonios, Sierra era uno de los tres socios de TCT, uno de los depósitos fiscales clausurados por Gómez Centurión e investigados por la justicia, ya que allí llegaban la mayor parte de los contenedores cargados con mercadería prohibida de organizaciones de contrabandistas como la de “Negro y Tata” Paolantonio.

Las otras dos personas que dirigían los negocios en TCT, que estaba ubicado en Don Torcuato, eran Luis Alvarez, apodado “El Gaita”, y Horacio “El Cholo” Palmieri, un ex dirigente de Boca históricamente vinculado a Enrique “Coti” Nosiglia.

Imputado en la investigación judicial, Palmieri recurrió al mismo abogado que tradicionalmente defendía a Stiuso, el doctor Santiago Blanco Bermúdez.

De Alvarez, dueño de una gran imprenta en Avellaneda, se sabe que además maneja -siempre a través de familiares- parte de Censer SA, un imponente depósito aduanero levantado en 2013 luego de una inversión millonaria en terrenos del Mercado Central.

Censer SA y Carestiba SA, otro depósito clausurado por ser sospechoso de recibir mercadería del contrabando, tienen otros lazos en común. Uno de ellos: las empresas que lograron alquilar los cotizados terrenos que ocupan en el mercado de Tapiales (Calas SA y Servicios Exclusivos SA) comparten domici- lio y varios socios. Carestiba siempre fue atribuida a un amigo que Echegaray no puede negar, ya que fueron sorprendidos vacacionando juntos en Río de Janeiro, en año nuevo de 2014. Se trata de Jorge “El Uruguayo” Lambiris. Un histórico empleado de Carestiba, Carlos Alfredo Ríos, ha sido a la vez socio fundador de Censer.

Ríos tiene otro socio clave no solo en ese depósito fiscal sino también en Logimport (la empresa de courier que más creció en Ezeiza).

Se llama Pablo Sccasso. El detenido traficante de efedrina, Esteban Ibar Pérez Corradi, declaró ante la justicia que era quien definía las cosas en nombre de Echegaray dentro del Mercado Central. Sccasso comparte, por otro lado, negocios con dos hermanos que llevan el mismo apellido que el ex titular de AFIP y podrían ser parientes.

domingo, 4 de septiembre de 2016

Sobre el golpe del EPP


Informe de la TV Pública sobre el ataque narcoguerrillero EPP contra un contingente militar en el nordeste paraguayo.+

Aduana: El investigado contraataca


Aduana: ordenan más de 100 allanamientos por graves irregularidades
Basada en las denuncias de Gómez Centurión, la Justicia abrió tres causas; impidió salir del país a 70 personas e investiga fraudes por U$S 800 millonesHernán Cappiello, LA NACION, Domingo 04 de septiembre de 2016

La suspensión del ex titular de Aduana Juan José Gómez Centurión en su cargo no impidió que sus denuncias de corrupción contra las mafias que operan en esa dependencia avanzaran en la Justicia.

Basada en la presentación del funcionario, la Justicia detectó graves irregularidades y dispuso más de 100 allanamientos, impidió salir del país a 70 personas y secuestró 500.000 dólares en la casa de uno de los ex jefes del organismo. Es parte de una serie de causas en las que se investiga organizaciones encargadas de sacar mercadería sin abonar impuestos, operaciones fraudulentas, firmas fantasma y pagos de sobornos.

Las principales maniobras denunciadas por Gómez Centurión dieron origen a tres causas judiciales, que pusieron el foco en dos prácticas con perjuicios millonarios: la simulación de operaciones de comercio exterior para acceder a dólares baratos durante la vigencia del cepo y el contrabando puerta a puerta de contenedores, dentro de los cuales ingresaba efedrina.
Más notas para entender este tema

Ocho meses de gestión que sacudieron una estructura mafiosa


La primera de las maniobras es investigada por el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich. El perjuicio económico estimado provocado por las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) es de unos 395 millones de dólares, aunque la denuncia habla de más de 14.000 millones de esa misma moneda. Otro juez investiga un caso similar por más de 400 millones de dólares.

La maniobra fue denunciada luego de que Gómez Centurión cruzó las bases de datos de las personas que presentaron pedidos de importaciones para conseguir dólares a 9 pesos para importar, con la base de datos de los productos efectivamente ingresados. Allí descubrió que 55 CUIT de empresas y personas recibieron autorización y dólares para ingresar mercadería que finalmente no entró al país, con lo que el dinero fue cambiado en el mercado blue a 15 pesos, o girado al extranjero.

Otra modalidad fue armar empresas fantasma, de existencia en los papeles pero sin giro comercial. Estas firmas pedían DJAI, no importaban nada y giraban las divisas. La Aduana advirtió la presencia de un importante número de empresas que se aprovecharon del régimen normativo y simulaban importaciones que en algunos casos nunca se realizaron. En otros casos, se pagaron por dichas importaciones en apariencia, varias veces la suma declarada como valor de importación.


La diputada Elisa Carrió dijo que una de las empresas investigadas es EDETEX, cuyos socios son Lorenzo Mario Almirón y Julio César Tizado. Almirón aparece como aportante del Frente para la Victoria en la campaña de las elecciones de 2009, dijo la líder de Coalición Cívica. La legisladora mencionó que hay empresas del grupo Indalo de Cristóbal López investigadas por operaciones de este estilo, y otras vinculadas con el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La segunda de las maniobras investigadas oculta una organización de proporciones. El agujero para el fisco en este caso es un misterio, pero ya se habla de 500 contenedores por un valor de US$ 432 millones. Esta maniobra es investigada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky.

El magistrado le prohibió la salida del país a unas 70 personas y allanó más de 100 domicilios. Esta causa vincula a los contenedores recibidos en el puerto y que luego permanecen en los depósitos fiscales, donde son reclamados por los importadores. En el medio una organización se encarga de sacar la mercadería sin pagar impuestos.

Esta organización detectada por el juez involucra a la empresa Transportes DTM SRL de los hermanos Paolantonio. Son Miguel Paolantonio, de 44 años, Alejandro Paolantonio, y Raúl Paolantonio.

Los tres son investigados por contrabando, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Los transportistas están acusados de sacar la mercadería tras pagar sobornos a distintas instancias intermedias aduaneras mientras los contenedores estaban en los depósitos fiscales. Las maniobras mas habituales eran:
declarar un peso de la mercadería menor al real.
declarar una posición arancelaria diferente para pagar menos impuestos
declarar un producto e ingresar otro.

El precio por lograr que la mercadería deje el deposito fiscal y llegue a la puerta del cliente variaba entre $ 35.000 y $ 80.000 el contenedor, dependiendo del valor de lo que llegaba al país. En esta causa se dio un curioso caso: que se decomisó un supuesto diario con anotaciones sobre cada operación. Ese documento identificaba a uno de los destinatarios de los sobornos con un número de teléfono celular y el nombre "Pekerman", singular apodo que aludía al nombre del argentino que es actualmente director técnico del seleccionado de Colombia.La Justicia investigó el celular y determinó que pertenecía a Eduardo Bernardi, ex jefe de sede Buenos Aires de la Aduana durante la gestión de Echegaray.

El juez Aguinsky allanó a pedido de la fiscal Gabriela Ruiz Morales el semipiso de Bernardi y encontró en una bolsa naranja de la heladería Pérsico unos US$ 500.000. En esta causa hay 65 personas que tienen todos sus bienes inhibidos.

La tercer maniobra que investiga la justicia vincula al narcotráfico. Es que cuando Ibar Pérez Corradi, acusado por el Triple crimen de Genreal Rodriguez, declaró ante la jueza María Servini mencionó que la efedrina -móvil del homicidio múltiple- ingresaba en contenedores. Marcó a algunos de ellos, pero las investigaciones para ubicarlos fueron infructuosas.

Elisa Carrió mencionó en su denuncia que Pérez Corradi dijo que la administración de Ricardo Echegaray en la AFIP "cobraba coimas a efectos de ingresar cargamentos de efedrina, indicando que los pagos se hacían por dólar cash y eran entregados en mano en el Mercado Central donde funcionaban los depósitos fiscales de Aduana también manejados por la AFIP".
Las maniobras investigadas
Declaraciones juradas: Ingresos de mercadería que no se efectuaron
Contenedores: Salida de productos sin pagar impuestos
Narcotráfico: Ingreso de efedrina en el país en contenedores

Granero le apuntó a Aníbal

El ex titular de la Sedronar, Ramón Granero, apuntó contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al que acusó de "oponerse" a leyes y proyectos para combatir el tráfico de efedrina y sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner "estaban al tanto" de lo que sucedía en el organismo. "Cada vez que quisimos actuar en función de cubrir el vacío legal en la legislación para controlar los precursores químicos siempre nos encontramos con la oposición enfrente del ministro del Interior o Jefatura de Gabinete cuando la ejercía Aníbal Fernández", dijo Granero a Radio Mitre.

Granero, que está procesado en una causa que investiga el ingreso de efedrina al país, agregó que si llegaba a triunfar en las elecciones bonaerenses Aníbal Fernández "era como suicidarse".

La respuesta del ex candidato a gobernador llegó por las redes sociales: "Jamás me opuse a cualquier control pero si ello hubiera sucedido, no tenía ningún valor".
 
Clarín: "El caso Gómez Centurión y una derivación inesperada: ¿lo espiaron ilegalmente? Por Claudio Savoia
 
El Gobierno sostiene a Majdalani en la AFI, REPERCUSIONES DE LA CRISIS EN LA ADUANA - Perfil, p. 6, 27/8/16
La número dos de la Agencia de Inteligencia quedó en la mira luego de las acusaciones de Gómez Centurión. Una trama donde volvieron a surgir nombres de la ex SIDE, como Jaime Stiuso y Francisco Larcher.
Ante la adversidad, el Gobierno volvió a tomar partido por la número dos de la AFI, Silvia “la Turca” Majdalani.El sainete de la expulsión del jefe de la Aduana, el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, puso nuevamente a Majdalani en el bando de los ex espías que, de la mano del mítico Jaime Stiuso, pretenden recuperar los privilegios y negocios perdidos. Desde Casa Rosada, sin embargo, relativizaron las acusaciones y la volvieron a confirmar al mando de la ex SIDE, junto al amigo de Mauricio Macri Gustavo Arribas.Lejos del estruendo del combo de despidos, tarifazos y cambios de rumbo que se aplicaron en otras áreas, en la Agencia Federal de Inteligencia abundan las continuidades.
Mejor dicho, abundan los intentos de retomar el statu quo de los primeros diez años kirchneristas, roto en 2014 tras la pelea de Cristina Kirchner con la vieja guardia de espías por supuesta deslealtad.El despido abrupto de Gómez Centurión, director de la Aduana hasta hace una semana, reveló la pulseada que existe en el submundo de los servicios de inteligencia.
“Fue gente vinculada a Stiuso”, afirmó Gómez Centurión durante el tour mediático que hizo en defensa de su reputación. Macri lo había suspendido, junto a otros funcionarios de Aduana, una vez que empezó a circular un au- dio que lo implicaba en un supuesto caso de corrupción.
Si bien la grabación estaba claramente editada y tenía origen dudoso, Macri quiso dar un gesto ejemplificador y evitar sospechas de protección política. “Fue una rata de AFI. El micrófono estaba abajo de la cómoda. La cama la hizo Majdalani”, señaló el empresario y ex informante de Gómez Centurión Oldemar Barreiro Laborda, cuya voz aparece en los audios.El prontuario de Barreiro Laborda, con causas por defraudación, estafa, sociedad con ladrones de autos, quiebras y cheques sin fondos, terminó por fortalecer a Majdalani.
“Esto ni la rasguña”, afirmaron desde Casa Rosada.En cambio, Gómez Centurión, ex combatiente de Malvinas y ex director porteño de la Agencia Gubernamental de Control, se hizo la fama inversa: la de una especie de Eliot Ness sin cintura política. De ahí el apoyo reciente de Elisa Carrió, quien a su vez rechazó la designación de la ex menemista Majdalani en la AFI.
En 2012, Carrió ya había repudiado que Majdalani fuera la vicepresidenta de la Comisión de control de la ex SIDE, a raíz de su “vínculo personal” con el por entonces segundo de la Secretaría de Inteligencia e integrante de la escudería de Stiuso Francisco Larcher.
Majdalani sostuvo (y lo sigue haciendo) que su amistad con Larcher no incluye aspectos políticos o laborales.La versión de Gómez Centurión, según la cual la banda de Stiuso le hizo una trampa, conecta con la denuncia que el kirchnerismo realizó en 2015.En esos días, la AFI reveló que una mafia de contrabandistas y ex espías, liderada por Stiuso, había realizado importaciones clandestinas en dos años por más de cien toneladas.“Acá está en juego el control del corredor Ezeiza para la CIA, la DEA, y para el contrabando.Stiuso y Majdalani, que son lo mismo, quieren ir por eso”, opina Marcelo Saín, uno de los autores de la reforma en el área de inteligencia.
La actual conducción de la AFI, por su parte, jugó un papel clave en la extradición desde Paraguay del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, quien durante su declaración reflotó una vieja disputa radical en beneficio de otro miembro del stiusismo: el ex número dos de la SIDE y hoy influyente aliado macrista Darío Richarte.

sábado, 3 de septiembre de 2016

Aretto versus Bressi

Florencia Aretto en La Mirada de Roberto Garcia (Canal 26) el 15/8/16, coincide en sus conceptos sobre el comisario Bressi con Lilita Carrio; el narcotráfico, la DEA y la vidriosa relación entre Policía y el crimen. Los narcoestados.+)

El entramado judicial del Pro

Julián Maradeo e Ignacio Damiani autores de un libro sobre Daniel Angelici, el 22 de agosto de 2016 en el Programa La Mirada, de Roberto García, por Canal 26.
El entramado macrista en la Justicia. Las Relaciones con Martín Ocampo en CABA y con Gustavo Ferrari en PBA. Sus tentáculos en el juego, los bingos, el Coti Nosiglia.
El nexo con Laura Alonso y el odio de Lilita Carrio.+)

viernes, 2 de septiembre de 2016

La economía con mirada política

Excelente entrevista realizó Willy Kohan a Domingo Cavallo en El Timón.
Es larga (media hora), pero aborda tanto las reformas que necesita la economía como la relación con la política. Y pide que se analice este período presidencial en comparación con los de Carlos Menem y Arturo Frondizi. Es crítico, pero optimista. Vale la pena. Tiene una expresión muy didáctica. Vale la pena.+)