viernes, 1 de septiembre de 2017

 

En reforma

Dos grandes reformas se discuten en la Argentina y en Brasil: la reforma laboral y la tributaria. Perola laboral ahora también se discute en Francia, capital mundial de los derechos humanos. Transcribo algunos artículos que anticipan detalles de las mismas. Hoy, Marcelo Bonelli en Clarín "Hacia una reforma tributaria que incluye la renta financiera" La reforma impositiva contempla en su proyecto inicial instrumentar un controvertido impuesto a la renta financiera y que alcanzaría también a las Lebac. La información la tienen confirmada los principales banqueros del país. Ya fue tema de discusión en la Asociación de Bancos Argentinos. Los financistas tienen todo el detalle de la reunión donde el equipo económico expuso los cambios al presidente Mauricio Macri. En ese encuentro, los ministros hablaron de un conjunto de iniciativas para compensar la baja en la recaudación que generará la lenta reducción (a cinco años ) de un puñado de impuestos. Clarín también confirmó en fuentes de la Casa Rosada que la propuesta está lista y que solo falta la bendición final del Presidente. El plan incluye eliminar todas las exenciones al Impuesto al Valor Agregado y crear el impuesto a la renta financiera. Así, la iniciativa prevé otra medida fuerte: pagarían el nuevo tributo todas las actividades financieras. Entonces también entrarían las extraordinarias utilidades que genera la estrella financiera del Banco Central: las codiciadas Lebac o el millonario déficit cuasi-fiscal que genera mensualmente Federico Sturzenegger. La propuesta se analizó en secreto en la Casa Rosada. Ese es el motivo por el cual ningún funcionario desmintió por completo la aplicación del tributo. Luis Caputo lo dijo en AEA: "está todo en agenda . Pero no hay nada definido". Los banqueros sostienen incluso otra cuestión: que las tasas sobre las Lebac podrían aplicarse retroactivas al stock de cada banco y no solo sobre futuras licitaciones. El tributo levanta pasiones y tensiones en el Gabinete. Se habla de muchos millones y de tocar a las "vacas sagradas" del sistema financiero. El dúo Mario Quintana- Gustavo Lopetegui avala la iniciativa que propone Nicolas Dujovne: la situación fiscal está al rojo y creen que los ingresos no se pueden debilitar. Que al final de la reforma el efecto tiene que ser neutro y que, por lo tanto, para reducir el impuesto al cheque e ingresos brutos, hay que crear impuestos y eliminar exenciones. Quintana -además- conoce algunos datos políticos: si el Gobierno no propone el impuesto a la renta, será la oposición quien la imponga en el Congreso. Pero la cúpula del Central bombardea la iniciativa. Sturzenegger cree que le pueden arruinar un instrumento, así sea parte de la bicicleta de las Lebac. Caputo -en esta- estaría aliado al BCRA .Pone paños fríos y repite : "El impuesto se evalúa, pero nada hay definido." Alberto Abad, de la AFIP, también se metió en la discusión: insiste que para bajar tributos, primero es necesario bajar el gasto. La cuestión tensó las internas en el gabinete económico. Fue el propio Presidente quien salió a dar un fuerte respaldo a Nicolas Dujovne. Sucede que hay muchos ministros que no aceptan los recortes presupuestarios que pretende imponer Hacienda. En algunas reparticiones llega hasta 20 % Eso está generando mucho ruido dentro del Gobierno y feroces reproches internos. La mayoría de los ministros pretende que el ajuste lo haga otro miembro del Gabinete. La rebeldía de los funcionarios obligó a que Macri los amenazara: "Esto no va andar, si no se preocupan por bajar el déficit". Se trata de un monumental recorte: la Casa Rosada quiere un ajuste equivalente a unos 90.000 millones de pesos. La cuestión se comenta en el establishment. No habrá inversiones abundantes en la Argentina mientras continúe el actual desequilibrio macroeconómico que genera atraso cambiario, altas tasas de interés, presión tributaria récord y un creciente -e insostenible en el largo plazo- endeudamiento. Según cuentas exactas, el déficit fiscal de todo el sector público argentino es del 8 % del PBI. Insostenible. Jorge Sorabilla planteó el tema con duros reproches al ministro Nicolás Dujovne. El encuentro en la UIA venía tranquilo, pero el cruce fue tremendo. Sorabilla afirmó: "Los empresarios privados hicimos el ajuste, pero el Estado no. Sigue de fiesta y por culpa de ustedes no podemos competir". Dujovne le saltó a la yugular : "antes podías competir, porque eran cómplices de Debora Giorgi y Guillermo Moreno que les daban sobreprotección a costa de los consumidores". El triunfo electoral de Cambiemos endureció a Macri con sus ministros. Fueron fuertes los reproches al grupo que participó del fracaso con el biodiesel. Macri quedó desconcertado y no entiende como antes no sonaron las alarmas en la Casa Rosada. El Presidente dedicó una "reunión de coordinación" para lanzar dardos contra el cuarteto integrado por Jorge Fourier, Francisco Cabrera, Ricardo Buryaile y Miguel Braun. Antes de la sanción hubo señales claras de EE.UU., que el gobierno despreció . Buryaile encabezó -al inicio de agosto- una misión a Estados Unidos por el tema biodisel y el viaje fue un fracaso. La delegación fue a Washington para reunirse por el tema con el secretario de Comercio, pero el funcionario los evitó. Wilbur Ross imprevistamente decidió cancelar el programado encuentro cara a cara. La misión solo pudo hablar con el funcionario desde el hotel y por skype. Ahora el tema esta en Europa. Hay promesas y un temor: que el tiro salga por la culata. --------- Pero además de la nota que publicó hoy Silvina Cristal sobre el reclamo que por la coparticipación federal hizo ayer en el Día de la Industria, en la UIA, frente al Presidente Macro la gobernadora Vidal, Ámbito pública está nota sobre la reforma tributaria, por Mariano Casal Mientras el Gobierno juguetea con la ansiedad de las provincias ante la presentación en el Congreso del Presupuesto 2018, el pacto fiscal y la prórroga del impuesto al cheque, diputados y -sobre todo- los senadores se preparan para ejercer el efecto "terminal" de los gobernadores y defender los recursos de los distritos en las comisiones correspondientes y en los recintos. Un debate interesante sobre el aumento de la coparticipación del impuesto al cheque se dio en 2010 en el Senado, con oficialismo K y oposición variada; hoy en realidades distintas y con legisladores que ahora son gobernadores. Esa sesión estuvo condimentada en la previa por la discusión en el recinto del pliego que proponía a Mercedes Marcó del Pont como titular del Banco Central, que el Frente para la Victoria sacó adelante gracias a la ayuda que implicó la abstención de Carlos Menem. Por caso, Roy Nikisch (UCR-Chaco) recordó que en 2006, su bloque planteó que "el impuesto a los créditos y débitos bancarios o impuesto al cheque es un gravamen malo; es un impuesto que nunca elegiríamos si tuviéramos la oportunidad de replantearnos nuestro sistema tributario", y agregó: "Es un impuesto malo porque alienta la utilización del efectivo, desalienta la utilización de los servicios bancarios y dificulta la formalización de una economía que ya de por sí es altamente informal, porque resulta más sencillo ocultar una transacción realizada en efectivo que una bancaria". Según Nikisch, Cristina de Kirchner en esa época "manifestó que esto dificultaría seguir atendiendo las demandas sociales y que, inclusive, se podría poner en peligro la asignación universal por hijo, cuestión que es totalmente errónea" debido a que "los fondos para la asignación salen de la ANSES". También rechazó la "coerción de crear temor en la sociedad para que se manifieste en contra de este proyecto", que "cambia abruptamente de un día para otro cuando la presidenta recibe en Olivos al primer grupo de gobernadores y, a la salida, en el informe oficial el ministro -Florencio- Randazzo dice que se va a evaluar la eliminación de este impuesto". Curioso. El actual gobernador de La Pampa, Carlos Verna, también se anotó en la lista de oradores. "Lo señalé entonces y lo digo ahora. Se trata de un impuesto regresivo y no siento orgullo en ponerme a discutir su validez (...) Mi provincia no forma parte del Programa de Asistencia Financiera porque no emitió deuda; por ende, no recibe asistencia. Tenemos el concepto de que los que hicieron la fiesta la tienen que pagar y no vemos por qué los pampeanos debemos pagar la fiesta que hicieron otros mientras se quedan con la plata del llamado impuesto al cheque y acuden graciosamente a la refinanciación que es totalmente discrecional", disparó el experimentado peronista. Verna dejó claro que a través de la iniciativa se quitaría "discrecionalidad". En esa línea, expresó: "En mi provincia me gusta que las obras las defina el gobernador, no -Julio- De Vido o -el hoy encarcelado bolsero- José López; en mi provincia me gusta que los fondos sean automáticos, porque eso nos permite planificar. No nos sentimos afectados por lo que ha dicho un senador del FpV- que con el dinero de la Nación se están recuperando las monedas. Nosotros no emitimos moneda; nosotros no tenemos déficit". Por último, y no menor, Verna se acordó de Néstor Kirchner: "Supongo que la misma satisfacción la va a tener el (...) hoy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cuando pueda votar positivamente este proyecto, porque él también vino a reclamar al Senado -en 2002- que se votase la coparticipación del impuesto al cheque". Jujuy es comandada desde diciembre de 2015 por el radical Gerardo Morales (Cambiemos, pero en alianza con el vicegobernador massista, Carlos Haquím). En esa sesión de abril de 2010, el entonces senador manifestó: "El tema de la coparticipación no sólo lo plantean las provincias y los intendentes, sino todos. Los gobernadores con que uno se cruza en cualquier evento lo saben. Cuando vienen a Olivos tienen que ir de rodillas; de lo contrario, no les envían los recursos". El distrito, relegado durante el cristinismo al accionar de la piquetera Milagro Sala -líder de la Tupac Amaru, que dejó como legado un importante desfalco de fondos- es hoy uno de los más favorecidos por la gestión de Mauricio Macri. Desde el oficialista FpV, Miguel Pichetto replicó. "Yo no recuerdo ningún hecho por el cual se desfinanciara al Gobierno con alguna ley que se votara. Siempre hubo, además, responsabilidad institucional de los grandes partidos para que los presidentes, a mitad de período y cuando se modificaba la situación parlamentaria, arribaran al final de su mandato con todas las atribuciones y sin desfinanciar al Estado nacional", dijo el hoy líder opositor del PJ y delegado premium de los gobernadores justicialistas. Pichetto acusó a la oposición de querer voltear el reglamento y de votar una iniciativa sin la mayoría agravada que, según él, se necesitaba para ese tipo de proyecto. "Lo que van a hacer es generar una norma si es que la sacan -si es que la Presidencia avala esta interpretación-, que no tiene ningún valor ni ninguna entidad; ¡que no pasa ni siquiera por un juez de faltas de Villa Echenagucía! Porque ningún juzgado puede resolver esta norma que no tiene legitimidad. Lo digo con todo el respeto que tengo por los jueces de faltas de Villa Echenagucía". Los legisladores largaron las carcajadas. -----
El País pública está otra, peron sobre la reforma laboral: Emmanuel Macron dio este jueves el primer paso en su esfuerzo por "liberar las energías" de Francia y "renovar profundamente" su modelo social. El Gobierno francés presentó una reforma laboral que flexibilizará la contratación y el despido con el objetivo de atraer nuevas inversiones y reducir un desempleo crónico. La reforma pondrá a prueba la capacidad del nuevo presidente para imponer su programa ambicioso para transformar la sexta economía mundial. También servirá para medir el descontento en la calle. El Consejo de ministros adoptará los cinco textos de la reforma antes del final de septiembre y en las semanas siguientes el Parlamento los debe ratificar. Macron ganó las elecciones presidenciales del pasado mayo con la promesa de reformar el mercado laboral. Un mes después, su partido, La República en marcha, obtuvo una mayoría amplia en las elecciones legislativas que le da manos libres para gobernar. Tras un verano de conversaciones con sindicatos y patronal, y con el presidente a la baja en los sondeos, llega el momento de la verdad: la hora de la reforma, palabra fetiche en un país que, como decía el filósofo Raymond Aron, "de vez en cuando hace una revolución pero nunca reformas". Quizá por eso Macron dijo hace unos días que "los franceses odian las reformas", y tituló su libro programático Revolución. La reforma —porque es una reforma, no una revolución— fija un techo para las indemnizaciones por despido improcedente, que hasta ahora se decidían, con amplia discrecionalidad, en el organismo de arbitraje laboral. Un baremo establece la correspondencia entre los años trabajados y los meses de salario cobrados. Para una persona que haya trabajado hasta diez años y haya sido despedida de forma improcedente, la indemnización máxima corresponden aproximadamente a un mes de salario por año trabajado. Entre los diez y los treinta años, el cómputo de la indemnización será de medio mes más por cada año trabajado, con un tope de veinte meses. El cambio, según el Gobierno, animará a los empresarios a contratar. Se trata de romper un sistema que, según explica Macron en una entrevista con Le Point, "protege muy bien a los insiders [los que están dentro del sistema], a los que se benefician de un contrato estable, pero al precio de la exclusión completa de los otros, los más jóvenes, los menos cualificados". Como contrapartida, las indemnizaciones por despidos legales —es decir, no improcedentes— aumentan un 25%. La reforma da margen a patrones y trabajadores para negociar acuerdos en el ámbito de las empresas en cuestiones como el tiempo de trabajo o la remuneración. La idea es descentralizar, acercar al terreno las negociaciones laborales, y permitir la adaptación a los vaivenes de la coyuntura. Francia facilitará a los inversores extranjeros los despidos cuando estos pasen por dificultades económicas, una medida destinada a atraer a las empresas multinacionales. Hasta ahora las autoridades francesas debían tener en cuenta la situación de la empresa en todos los países donde operaba; ahora bastará con que las cosas le vayan mal en Francia. Otras medida clave son la fusión en una sola las múltiples instancias en las que hoy están representados los trabajadores de una empresa, y la posibilidad de negociar en las empresas de menos de 50 trabajadores sin pasar por los sindicatos y esquivando los acuerdos sectoriales. "Nuestro objetivo es simple: favorecer la creación de empleo aportando mucha más seguridad y visibilidad a los jefes de empresa en la decisión de contratar, y más garantías a los asalariados", dijo el primer ministro Édouard Philippe al presentar las propuestas. Para Pierre Gattaz, el jefe del Medef, la patronal francesa, el proyecto puede "hacer volver la confianza y hacer volver, a fin de cuentas, el empleo". Con sus 3.334 páginas y sus cubiertas rojas, el Código Laboral, que desde 1910 integra las leyes que regulan el mundo del trabajo, es una especie de Biblia civil del modelo social francés. Cualquier modificación sustancial es arriesgada. "Se han confirmado todos nuestros temores. Esto es el fin del contrato laboral", dijo Philippe Martinez, jefe del sindicato CGT. Por separado, las propuestas son técnicas, y es discutible que la reforma en su conjunto vaya a ser el electrochoque neoliberal que denuncian algunos de sus críticos. Pero en su conjunto representa el inicio de un giro de Francia, uno de los países con leyes laborales más rígidas en el mundo desarrollado, hacia los principios de la llamada flexiseguridad, la combinación de flexibilidad para las empresas y seguridad para los trabajadores. La flexiseguridad aplicada en Escandinavia en los años noventa, la tercera vía de Tony Blair, o la Agenda 2010 de Gerhard Schröder en Alemania, están más cerca del modelo de Macron que las recetas Margaret Thatcher en el Reino Unido. No se entiende el alcance de la reforma laboral sin tener en cuenta que es el primer capítulo de una serie de reformas, que incluirán el seguro de desempleo y la formación profesional. Con una tasa de paro en Francia del 9,5% y un nivel de déficit que lleva una década vulnerando las normas europeas, Macron cree que es urgente poner en marcha las reformas para recobrar la credibilidad ante los socios de la UE, en particular Alemania. Por ahora, la oposición a la reforma laboral de Macron parece menor a la que afrontó la última reforma, bajo el presidente de François Hollande. El 12 de septiembre la CGT participará en una "jornada de acción y huelga", y el 23 de septiembre será el partido de izquierda La Francia Insumisa, el que se manifestará. Su líder, Jean-Luc Mélenchon, califica la reforma de "golpe de estado social". Pero es llamativo que ni CFDT ni Fuerza Obrera —los principales sindicatos, junto a la CGT— vayan a sumarse a la protesta. No se antoja fácil movilizar a decenas de miles de personas y paralizar un país con cuestiones aparentemente técnicas como el baremo de las indemnizaciones o las instancias de representación laboral. El 22 de septiembre las ordenanzas —el nombre que reciben estos textos, una vía exprés legislativa que elude el farragoso proceso de debates y enmiendas parlamentarias— se adoptarán en el Consejo de Ministros, y unos días después entrarán en vigor. Requerirán el voto posterior del Parlamento, donde Macron dispone de una mayoría cómoda, para convertirse en ley.

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